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La evolución de la SCJN (IV)

La evolución de la SCJN (IV)

Columnas jueves 17 de noviembre de 2022 -

A pesar de que durante la Novena Época, el amparo no se consolidó como un medio efectivo en la defensa de DDHH, la introducción en nuestro sistema jurídico de la acción inconstitucionalidad, sí produjo importantes cambios en la intensidad y efectos del control de los actos públicos, especialmente, de la revisión de las leyes.

Esta etapa estará marcada por la adopción de una tipología de sentencias hasta ese momento no utilizada por la Corte. Con esta nueva tipología y los distintos efectos de las sentencias, la Corte articulará la eficacia de sus pronunciamientos, a la vez que redefinirá su posición constitucional frente al resto de poderes del Estado. Así, por ejemplo ante las omisiones legislativas, el alto tribunal optó por dotar a sus sentencias de efectos del tipo de inconstitucionalidad con nulidad general, que implicó la expulsión del ordenamiento jurídico de la norma reclamada, con la consecuente imposibilidad de que ésta pudiera ser aplicada en cualquier ámbito.

De igual forma, la Corte mostrará una evolución positiva plasmada en la utilización de un modelo de pronunciamiento similar al de las sentencias aditivas de principio, declarando así la inconstitucionalidad de las disposiciones combatidas por omisión: “en cuanto no prevé”, según la conocida fórmula italiana, pero sin introducir nuevas normas directamente, sino principios que el legislativo debía desarrollar en el ejercicio de su discrecionalidad, pero que mientras tanto, dirá la Corte, podrían ser aplicados por las autoridades administrativas o los jueces a quienes correspondiera su implementación.

La Corte inauguró también la etapa de las sentencias manipulativas de tipo sustitutivo, sosteniendo que sus facultades para determinar los efectos de sus pronunciamientos no se encontraban sujetas, únicamente, a lo previsto en el artículo 41 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 de la Constitución federal, sino esencialmente, a la interpretación sistemática de aquélla. Así, la Corte señalará que los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de la ley deben ponderarse en cada caso, mediante la aplicación del principio de corrección funcional y el de interdicción en la creación de situaciones de aún mayor inconstitucionalidad.


Por ejemplo, en ámbito electoral, la Suprema Corte se prodigó en la creación de nuevas tipologías de sentencias, desarrollando con mayor libertad su facultad judicial para determinar, por ejemplo, la reviviscencia de la normativa anterior a la ley declarada inconstitucional, para regir los procesos electorales correspondientes.

Finalmente y de manera relativamente paradójica –considerando que el medio de protección específico de los DDHH es el amparo-, a través de la acción de inconstitucionalidad la Corte se inclinó por jugar el rol de tribunal a favor de los derechos fundamentales. De esta forma, será en la acción de inconstitucionalidad en donde el alto tribunal consolide el uso del test de proporcionalidad para resolver el conflicto entre los derechos que se hallaban en juego en cada disputa, con todo lo que ello supone en parte, en cuanto a una determinada concepción del sistema de derechos reconocido en la Constitución. En todo caso, esta utilización del principio de proporcionalidad no fue acompañada, en esa etapa, de rígidos pronunciamientos de la Corte en torno a una determinada estructura de los derechos fundamentales o a una pretendida jerarquía de valores reflejada en el texto supremo, lo que permitió la emisión expansiva de una jurisprudencia en la materia.
En la siguiente entrega, veremos los rasgos generales de la Décima Época.

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