La nómina criminal y la corrupción

Columnas miércoles 04 de marzo de 2026 -

La difusión pública de una presunta “nómina” atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la que aparecen decenas de nombres, entre ellos funcionarios públicos y elementos policiales revela, con crudeza, la dimensión estructural de la corrupción como engranaje constitutivo del crimen organizado contemporáneo.

En efecto, las organizaciones criminales de alto impacto no operan únicamente mediante la fuerza o el control territorial. Funcionan como redes complejas que requieren estabilidad operativa, información privilegiada, protección institucional y, en muchos casos, capacidad de incidencia en decisiones administrativas, ministeriales y judiciales. Para ello, necesitan corromper. La “nómina” no sería entonces sino la expresión contable que constata un fenómeno más profundo y oscuro: la captura de segmentos del Estado por intereses ilícitos.

En términos de gobernanza, estamos frente a un problema sistémico de integridad pública. La corrupción no puede ser visa únicamente como una desviación individual sino como un patrón organizacional que altera incentivos, distorsiona la toma de decisiones y erosiona la legitimidad institucional. El hecho de que integrantes de corporaciones policiales aparezcan vinculados a esquemas de pago ilícito, lo que se encuentra comprometido es la función misma de la policía como garante del orden constitucional y de los derechos fundamentales.

La reacción inmediata -procesar penalmente a quienes resulten responsables- es indispensable, pero claramente insuficiente. La experiencia comparada demuestra que las estrategias basadas exclusivamente en detenciones y depuraciones periódicas generan ciclos de sustitución: se reemplaza a personas, pero no se transforman los sistemas que hacen rentable la corrupción. Sin rediseño institucional, la estructura permanece intacta.

Combatir la corrupción estructural exige, en primer lugar, construir auténticos sistemas de carrera en el servicio público, particularmente en las fuerzas policiales. Ello implica procesos de reclutamiento basados en mérito, evaluaciones periódicas independientes, controles de confianza técnicamente robustos y no discrecionales, así como esquemas salariales competitivos que reduzcan vulnerabilidades frente a la cooptación criminal. La profesionalización no es un lujo burocrático; es una condición de posibilidad para la integridad.

En segundo término, se requiere fortalecer los sistemas de transparencia y rendición de cuentas con enfoque preventivo. No basta con auditorías ex post. Es indispensable desarrollar mecanismos de monitoreo continuo, análisis patrimonial proactivo, trazabilidad de decisiones operativas y canales seguros de denuncia interna protegida. La integridad debe ser gestionada como riesgo institucionalpermanente y no solo como control de crisis mediática.

En tercer lugar, la transición hacia un modelo de seguridad pública civil, profesional y eficaz es impostergable. Ello supone consolidar corporaciones sujetas a controles democráticos, con mandos capacitados en estándares constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos, y con protocolos claros de actuación.

La “nómina” atribuida al CJNG nos confronta: el crimen organizado prospera donde el Estado es fragmentado, permeable y carente de ética institucional sólida. La lucha contra la corrupción debe orientarse a rediseñar incentivos, fortalecer la cultura de legalidad y reconstruir la confianza pública. Sólo así será posible romper el vínculo estructural entre corrupción y criminalidad organizada y avanzar hacia un modelo de seguridad que honre, en los hechos, el orden constitucional y los derechos de la ciudadanía.

Investigador del PUED-UNAM