Las tragedias del Metro, ambiciones políticas, por encima de la seguridad

Columnas miércoles 11 de enero de 2023 -

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM

Una máxima de los gobernantes debe ser ofrecer un servicio de transporte público moderno, innovador y seguro. Para cumplir con ese propósito no deberían escatimar recursos y mucho menos realizar recortes al presupuesto, pues se puede afectar gravemente la movilidad y poner en riesgo la vida de los usuarios, como ha ocurrido en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) durante la actual administración.

Lo que ocurrió el sábado pasado en la Línea 3 del Metro, es una prueba clara de que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y su equipo de trabajo, no han aprendido de los errores cometidos por el deficiente mantenimiento y la falta de logística que en lo que va de la actual administración han cobrado la vida de 29 personas.

Se han registrado cuatro accidentes graves: el desplome de la Línea 12 ocurrido el 3 de mayo de 2021 –que dejó como saldo 26 personas fallecidas–; el choque de trenes en la estación Tacubaya –con un muerto y 41 lesionados en 2020–; el incendio del Centro de Control y Comando el 9 de enero de 2021 –donde murió otra persona–, y el del sábado pasado, en el que una joven universitaria perdió la vida y 106 personas resultaron lesionadas.

Ante estos graves incidentes, no basta con que los legisladores citen a comparecer a Sheinbaum para exigirle cuentas ni tampoco se resuelve con la separación o despido de los directivos de ese sistema de transporte. Es necesario que se fiscalice el dinero que ingresa al Metro para frenar los actos de corrupción, realizar auditorías financieras y técnicas para conocer el estado real de la infraestructura y determinar cuántos trenes hay que reemplazar, que rieles hay que cambiar y reactivar la operación del Puesto Central de Control que sufrió serias afectaciones con el incendio del pasado 9 de enero de 2021, originado por un cortocircuito en una bobina de un transformador.

Son tantas las anomalías que se registran, que los propios trabajadores del Metro han denunciado que no cuentan con el equipo suficiente para la operación de este sistema de transporte, que comenzó a funcionar el 5 de septiembre de 1969, durante el sexenio del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Aseguran que el choque de trenes en la estación Potrero y La Raza no hubiera sucedido, si estuviera operando el mando central de control. Actualmente los conductores se comunican entre ellos por medio de WhatsApp, con los celulares de su propiedad.

El golpe severo que se ha dado a este sistema con el recorte presupuestal –que en cuatro años bajo más del 17 por ciento–, obliga a los legisladores a exigir que se transparente el ejercicio presupuestal del Metro y a pedir cuentas del Fideicomiso maestro, creado durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Tampoco se puede seguir aceptando que al frente del STC sigan los políticos que no tienen conocimientos en ingeniería del transporte y ni están capacitados para supervisar la operación de ese transporte.

La reducción presupuestal no tiene sentido, cuando se ha registrado una disminución en la recaudación del servicio. En los últimos cinco años los ingresos del Metro –por compraventa de boletos magnéticos y tarjetas, así como la recarga de éstas–, cayeron 44.49 por ciento, al pasar de 6 mil 808.5 millones de pesos en 2017, a 3 mil 779.4 millones en 2021.

La pandemia en 2020 y el desplome en la Línea 12 contribuyeron sin duda a esa reducción en los ingresos, pero lo que si merece una explicación es por qué en 2021 hayan bajado en casi 50 ciento, cuando de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 4.6 millones de personas se transportan diariamente en las 12 líneas que hay en la Ciudad de México. Se estima también que, en los vagones más modernos, puestos en operación, caben hasta mil 530 personas.

De ahí que, ante estos casos de grave negligencia y omisión, no se puede seguir permitiendo que el Metro sea utilizado como la caja chica del gobierno de la CDMX para utilizar sus recursos en la promoción política de los funcionarios. Diversos medios de comunicación han señalado que la 4T utilizará recursos que podría destinarse al mantenimiento de la infraestructura del Sistema de Transporte para pagar la publicidad del gobierno capitalino. Este año el Congreso local aprobó 211 millones de pesos para ese rubro, 39 por ciento más que el año anterior, mientras que para el Metro se autorizó un aumento de 19 millones de pesos, el 0.1 por ciento.

Si analizamos este y otros factores que han provocado la pauperización del Metro mexicano, frente a sus similares de China, Estados Unidos o España –países que cuentan con tecnología automatizada y futurista como el Control de Trenes Basado en Comunicaciones para detectar la ubicación de un tren a través de datos precisos y procesadores–, no hay punto de comparación.

Además –con ese tipo de sucesos trágicos ocurridos en el STC–, la Ciudad de México está muy lejos de poderse ubicar en el ranking de las metrópolis del mundo que cuentan con un servicio del Metro más moderno, innovador y seguro, todo lo contrario de lo que aquí ocurre –y que al parecer se ha vuelto una tendencia en la capital–, donde se privilegian las ambiciones políticas, por encima de la seguridad o la vida de los usuarios.

Por ello, si funcionarios como la propia Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum no luchan por incrementar el presupuesto para el mantenimiento y la seguridad de un sistema vital de transporte como el Metro, o tampoco disponen de colaboradores eficaces, y carecen de tiempo de cumplir realmente con su trabajo –porque tienen otras aspiraciones–, que mejor renuncien y se vayan a hacer campaña. Eso sería lo mejor.

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM