Partidos políticos se niegan a regular la violencia política contra mujerese igualdad sustantiva

En pleno 2025, resulta inadmisible que aún existan institutos políticos, tantonacionales como locales, que se resistan a cumplir con el mandato constitucional y legal que tiene por objeto erradicar la violencia política contra las mujeres y garantizar la igualdad sustantiva. Desde el 6 de junio de 2019, con la reforma constitucional en materia de paridad transversal, continuando con la gran reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género de abril de 2020, hasta la orden de la la Sala Superior del TEPJF, a los partidos políticos de modificar sus documentos básicos para regular la paridad sustantiva en octubre de 2022, han pasado más de 6 años y al día de hoy hay representaciones de algunos institutos políticos que se siguen cuestionando si la narrativa correcta en sus documentos básicos es utilizando la palabra “podrá” en lugar de “deberá”, cuando de acciones que pongan fin a la violencia hacia las mujeres se trata. Es inaceptable y, al mismo tiempo, revelador: porque no se trata sólo de omisiones, sino de una forma velada (y a veces no tanto) de violencia estructural.

El Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales en los estados han emitido llamados reiterados para que estos entes de interés público actualicen su normatividad interna partidaria y se apeguen a las reformas en materia de paridad y derechos políticos de las mujeres. Incluso, se hanimpuesto sanciones a más de uno por su incumplimiento. Y, sin embargo, el machismo sesgado de resistencia persiste.

Esta situación no sólo representa una falta de voluntad institucional, sino que exhibe una profunda incoherencia: en el discurso, las dirigencias partidistas se dicen feministas, progresistas e incluyentes; un instituto político que en el discursopromueve derechos, aliado del feminismo, las personas de la diversidad sexual y comprometido con el “cambio”. Pero en la práctica, se rehúsan a dar pasos que comprometan su estructura interna y cuestionen los privilegios de los hombres que lo dirigen y que se siguen beneficiando.

La gran pregunta es inevitable: ¿Dónde están las mujeres de esos institutos políticos? ¿Dónde están para alzar la voz ante una violencia sistémica que no sólo limita su participación, sino que perpetúa la exclusión? La omisión también es una forma de violencia, y el silencio cómplice refuerza estructuras que deberían estar en franca transformación.

Celebramos que, desde la institución nacional garante de la democracia en nuestro país, el INE —encabezado por la Presidenta Guadalupe Taddei— haya coincidido en la necesidad impostergable de caminar hacia la igualdad sustantiva, a una vida de las mujeres libre de violencia. No sólo por convicción, sino por mandato constitucional y legal. La democracia no puede concebirse sin mujeres, y mucho menos puede consolidarse si persisten prácticas de simulación, de exclusión y de violencia institucional. Existimos mujeres que no abandonamos la lucha y que no callaremos en complicidad con el patriarcado.

Es momento de dejar de justificar la inacción con discursos vacíos. La igualdad sustantiva no es negociable, como tampoco que las mujeres sigamos siendo víctimas de múltiples violencias. La igualdad es un principio rector, una exigencia histórica y un derecho humano. En pleno 2025 la democracia mexicana carga con los resquicios de una institución, que por más cambios de imagen y publicidad gancho emitan, no son nuevos. Perpetúan viejas prácticas machistas y simulan su compromiso con las mujeres. Es importante que las personas integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sigan trabajando por la misma causa, hasta que la dignidad sea una expresión natural de vida, hasta que nacer mujer no signifique condiciones desiguales en cada rincón del país.

Andrea Gutiérrez