El Senado mexicano aprobó una controvertida reforma al artículo 19 de la Constitución que adiciona al catálogo de delitos graves, sujetos a prisión preventiva automática, la extorsión, la producción y tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo, el contrabando y el uso de comprobantes fiscales falsos. Esta decisión, respaldada por 94 votos a favor, enfrentó críticas tanto nacionales como internacionales por su impacto en los derechos humanos.
La medida, defendida por Morena y sus aliados, fue descrita como una herramienta indispensable para enfrentar el aumento de delitos como la extorsión, considerado un “cáncer social” que afecta tanto a ciudadanos como a empresarios. “La prisión preventiva oficiosa es una necesidad en la coyuntura actual”, argumentó el senador Leonel Godoy, subrayando que delitos como el pago de piso han paralizado a comunidades enteras.
Por otro lado, voces de oposición, como la del senador Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano, advirtieron sobre el impacto desproporcionado de esta medida en grupos vulnerables. Según datos presentados en el debate, de las 233,000 personas encarceladas en México, 87,000 están en prisión preventiva sin sentencia, lo que agrava la problemática del hacinamiento en cárceles.
La reforma también recibió cuestionamientos internacionales. Organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que la prisión preventiva oficiosa vulnera la presunción de inocencia y abre la puerta a abusos judiciales. Desde el PAN, se destacó que esta figura puede ser utilizada como un arma política para perseguir opositores y periodistas.
A pesar de las críticas, la reforma será enviada a los congresos estatales para su ratificación. Su aprobación final requerirá la aprobación de al menos 17 legislaturas locales antes de entrar en vigor.
Foto por Cuarto Oscuro