Vivienda social: el regreso del Estado… y la gran prueba para México

Columnas lunes 04 de mayo de 2026 -

La publicación de la nueva Ley de Vivienda no es un cambio menor: es un giro de fondo en la política habitacional del país. Tras más de tres décadas, el Estado mexicano —a través del Fovissste, entre otros Organismos de Vivienda— vuelve a colocarse en la cancha de la construcción de vivienda social. La pregunta es inevitable: ¿es el inicio de una solución estructural o el arranque de un reto monumental?

El rediseño legal abre la puerta para que los Onavis no sólo financien, sino también adquieran, rehabiliten y construyan vivienda, además impulsa la autoproducción y urbanización de suelo; el Estado recupera herramientas que había dejado en manos del mercado durante más de 30 años.

Volver a construir… en un mercado que cambió

El regreso del Fovissste a la edificación, celebrado por su Vocal Ejecutiva, Jabnely Maldonado, tiene una carga simbólica potente: retomar una función que el organismo dejó de ejercer hace 34 años. Pero el contexto ya no es el mismo.

Hoy el mercado enfrenta encarecimiento del suelo, altos costos de construcción, rezago en infraestructura y una demanda que se ha desplazado hacia zonas mejor ubicadas. Bajo este escenario, construir vivienda social no sólo implica levantar casas, sino resolver el rompecabezas de la ubicación, la conectividad y la calidad.

La Sedatu pone sobre la mesa un modelo que privilegia la asequibilidad, la habitabilidad y buena ubicación. Es un cambio relevante frente al pasado donde la expansión urbana sacrificó calidad por volumen.

El derecho a la vivienda… ahora en serio

Un avance significativos es la incorporación de los siete componentes del derecho a la vivienda adecuada definidos por la ONU: seguridad jurídica, servicios, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.

Por primera vez, la ley mexicana obliga a pensar la vivienda como algo más que una estructura física: como un entorno digno.

La reforma fortalece la coordinación entre Sedatu, Conavi, Infonavit y Fovissste, un punto históricamente débil en la política pública.

100 mil viviendas… ¿meta alcanzable?

El anuncio de construir 100 mil viviendas es ambicioso y políticamente atractivo. Es una prueba de ejecución.

El reto no está sólo en levantar unidades, sino en hacerlo bien: con suelo adecuado, servicios completos, financiamiento accesible y tiempos razonables. De lo contrario, el riesgo es repetir errores del pasado.

Maldonado lo sintetizó en una idea clave: no se trata únicamente de construir, sino de recuperar la rectoría del Estado en la vivienda social. Esto implica coordinarse con desarrolladores, detonar inversión y, sobre todo, llegar a las familias que hoy están fuera del mercado formal.

Por cierto: El verdadero desafío: pasar de la ley a la realidad

México no necesita más diagnósticos sobre la vivienda; necesita resultados. La nueva Ley de Vivienda ofrece una oportunidad histórica para corregir distorsiones acumuladas por décadas.

Pero el éxito no dependerá de la reforma sino de su implementación. Porque construir vivienda social en 2026 no es lo mismo que en los años noventa: es más caro, más complejo y más urgente.

El regreso del Estado puede ser la pieza que faltaba… o una promesa más si no se ejecuta con precisión. Ahí es donde se jugará el verdadero impacto de esta reforma.

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