De conformidad con nuestra Constitución, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, deberán establecer organismos de protección de los derechos humanos que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Estos podrán formular recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. En el ámbito federal se denomina Comisión Nacional de los Derechos Humanos; cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. En el ámbito federal, las Constituciones locales deben establecer y garantizar la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos.
Al respecto, vale la pena mencionar que el día de ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] dio a conocer los resultados del Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal [CNDHE] y del Censo Nacional de Derechos Humanos Federal [CNDHF] 2023. En este sentido, precisa el INEGI que estos entes ofrecen información sobre la gestión y desempeño de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH] y de los Organismos Públicos de Derechos Humanos [OPDH] de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, capacitación, difusión, defensa y protección de los derechos humanos. Por lo que, su objetivo es vincular los datos con el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en dichas funciones.
De la información que presenta este organismo constitucionalmente autónomo, destaca que, al cierre de 2022, la CNDH reportó 20 órganos o unidades administrativas y/ o visitadurías, y los OPDH de las entidades federativas, 659. Asimismo, a nivel nacional, el estado de México, Zacatecas y Oaxaca concentraron el mayor número de órganos o unidades administrativa y/ o visitadurías. Por otro lado, identificó que, al cierre de 2022, se reportaron 286 oficinas: 25 en la CNDH y 261 en los OPDH. Del total, 76.9 % era oficina foránea y 23.1 %, oficina central.
También indica el INEGI que, durante 2022, a nivel nacional, se reportaron 150 462 solicitudes de queja. De estas, 46.6 % (70 093) fue de la CNDH y 53.4 % (80 369), de los OPDH. Asimismo, señala que, del total de solicitudes de queja, 62.2 % fue aceptada; 19.8 %, pendiente; 11.8 %, orientada; 2.7 % fue incompetente; 0.5 %, improcedente y 3.0 % tuvo otro estatus. En 2022, a nivel nacional, se reportaron 112 283 expedientes de queja atendidos y 101 377 calificados. Sumado a lo anterior, se reportaron 68 408 expedientes concluidos y 42 685 pendientes de concluir. En relación con los expedientes calificados en la CNDH y en los OPDH, 98 635 se calificaron como presuntamente violatorios de derechos humanos. Durante 2022, se registraron 156 743 hechos presuntamente violatorios registrados en los expedientes de queja calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos. En la CNDH, la cifra fue de 23 749, mientras que, en los OPDH, fue de 132 994. Durante 2022 se reportaron 126 906 personas quejosas y/ o agraviadas registradas en los expedientes de queja calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos: 20 742 en la CNDH y 106 124 en los OPDH. Durante 2022, a nivel nacional, se promovieron 16 191 medidas y acciones para la protección y defensa de los derechos humanos. De estas, 728 correspondieron a la CNDH y 15 463, a los OPDH.
Vale la pena estar al pendiente de esta información para conocer de mejor manera la forma en que estos organismos constitucionalmente autónomos velan por la protección y defensa de los Derechos Humanos.