Territorio y violencia: lo que acierta y omite el nuevo Plan Nacional de Seguridad

Columnas miércoles 20 de mayo de 2026 -

El Programa Nacional de Seguridad Pública 2026-2030 -publicado el 18 de mayo en el DOF-, parte de un diagnóstico correcto: la inseguridad mexicana es mucho más que la suma de delitos; por el contrario, debe comprenderse como resultado de una crisis conjunta de coordinación, violencia territorializada, impunidad y debilidad penitenciaria. El documento establece como objetivos centrales la inteligencia e investigación, la cultura de paz, el fortalecimiento institucional y la reforma penitenciaria.

En ese sentido, una de sus mayores fortalezas es colocar la inteligencia y la investigación en el centro operativo de la política de seguridad. Esto es relevante porque desplaza la lógica reactiva hacia el análisis de redes, patrones regionales, estructuras financieras y capacidades transnacionales del crimen organizado. En efecto, las líneas sobre redes de protección, información, ciberdelitos, extorsión y delitos financieros abren rutas más sofisticadas de la política pública.

La segunda fortaleza es su reconocimiento de la escala territorial al identificarentidades y municipios prioritarios, reconociendo que la criminalidad afecta de manera diferenciada a comunidades marginadas, zonas rurales y ámbitos urbanos. Esta territorialización es indispensable, pues no hay política de seguridad eficaz sin lectura de nodos, corredores, mercados ilícitos, rutinas urbanas, infraestructura, transporte y espacios de oportunidad delictiva.

La tercera fortaleza es la incorporación de estrategias de prevención social, cultura de paz, atención a víctimas, salud mental, adicciones y pertinencia intercultural. Aunque aún aparecen dispersos, conectan seguridad pública con cohesión social y confianza institucional, dimensiones centrales en una perspectiva que considera desigualdades, exclusiones, victimización y reproducción institucional de la violencia.

Hay, sin embargo, debilidades. La primera es que el Programa sigue siendo centralista y “securitario”. En efecto, articula sus acciones desde la SSPC, la SEDENA y la MARINA como ejecutores principales, y coloca al margen a municipios y comunidades, pese a que la seguridad cotidiana se juega en calles, transporte, mercados, escuelas, y espacios de convivencia social.

La segunda ausencia es una política robusta de criminología ambiental. Hay referencias a recuperación de espacios, carreteras, monitoreo y tecnología, pero falta una estrategia nacional explícita de prevención situacional: análisis de hotspots, diseño urbano seguro, iluminación, movilidad, regulación de economíasinformales y nocturnas, presencia masiva de mercados ilegales, control de entornos criminógenos y evaluación territorial de intervenciones.

La tercera debilidad está en los indicadores. El Programa usa metas nacionales como homicidio, percepción de inseguridad, capacidades institucionales y modelo penitenciario; sin embargo, varios indicadores son agregados, algunos de nueva creación carecen de línea base, y otros tienen metas aspiracionales. El Índice de Capacidades Institucionales, por ejemplo, no tiene línea base y aun así fija una meta de 90% a 2030.

En suma, el Programa acierta en su diagnóstico general y en su apuesta por inteligencia, coordinación y prevención. Pero todavía requiere bajar al territorio, fortalecer municipios, asumir seriamente la criminología ambiental y construir métricas verificables. Sin ello, puede convertirse en un buen mapa institucional sin suficiente capacidad para transformar los lugares concretos donde la violencia se produce y se padece.

Investigador del PUED-UNAM