2024/2025: Nuevo sistema electoral

Para comprender mejor nuestra institucionalidad electoral, hacerle justicia y en su caso, modernizarla, debemos medir de otra manera su desempeño.

Creo que el enfoque original, que llamaré formal-legal-institucional, está rebasado. Esa tipología (López Pintor 2000; IDEA 2006) determinó que las instituciones comiciales se clasificaban y estudiaban según lo que dijera la constitución y/o la ley sobre su relación con el ejecutivo y con otros participantes del proceso político. Es decir, qué tan cerca o lejos estaban del poder político o de los partidos, por ejemplo. Así, había órganos electorales autónomos, mixtos o que eran parte del gobierno.

Además, había todo un frenesí comparativo para refinar la clasificación. Por ejemplo, tamaño del listado de las y los electores y el método de registro; la dimensión del presupuesto anual y el grado de control de sus propios recursos financieros; número de partidos. Del mismo modo, forma de dirección y nombramiento del liderazgo institucional; alcance nacional o solo federal; facultades exclusivas y concurrentes con otras instancias del Estado; servicio civil de carrera o libre designación y remoción, etcétera. Y claro, a veces comparando cosas francamente incomparables o insustanciales.

En un interesante giro analítico, se empiezan a otear nuevos tiempos. Desde hace un par de años, en el estudio de la administración pública en general, se viene proponiendo estudiar y clasificar la proveeduría de ciertos servicios públicos fundamentales con un enfoque de redes y de gobernanza más que solo analizando en lo individual las instituciones responsables o las leyes ordenadoras A este enfoque se le podría llamar realismo sociopolítico (Toby James 2020). La preparación, organización, ejecución y evaluación de las elecciones no deberían quedar excluidas.

Para nuestra materia es un concepto innovador, que observa una constelación de actores involucrados en la dirección y proveeduría de elecciones, incluyendo prácticas de trabajo, las relaciones de poder entre ellos y hasta determinadas “creencias”. Dicho de otra manera, reconociendo que estamos ante complejos modelos institucionales, multi-instanciales y multifactoriales cuya comprensión auténtica demanda mucho más que saberse las normas reguladoras y conocer a cabalidad tal o cual institución.

Para estratificar esta nueva taxonomía las y los expertos proponen tres dimensiones: la membresía de la red (es decir, los órganos electorales involucrados) y su nivel de integración; el grado de consenso sobre las respectivas políticas públicas; y la distribución de recursos junto al balance de poder.

No es un cambio menor. Es una fase analítica superior relevante para la reforma electoral que viene en 2024 o 2025. En ella, idealmente, se debería estudiar nuestra institucionalidad electoral en su conjunto, con datos ciertos, respeto por su historia y diagnósticos serios, profundos y oportunos para reajustarla y ponerla al día con visión de futuro, sentido de República y lealtad democrática a la Constitución. ¿Lo veremos?

@ElConsultor2