Drogas y seguridad nacional

La agresión que sufrieron cuatro ciudadanos norteamericanos en Matamoros, Tamaulipas, el pasado fin de semana con un saldo de dos personas muertas, una lesionada y una sana y salva tensó las relaciones entre México y Estados Unidos. La pronta localización de los agredidos, auxiliados por el FBI, dio un respiro al gobierno de nuestro país.

Desde hace dos años, el Pentágono dio un mensaje muy preocupante, cuando un alto mando militar develó que más de la tercera parte del país era controlada por el crimen organizado, donde se había perdido la gobernanza y desplazado a las autoridades formales. Voceros del régimen negaron el hecho, pero desde entonces, los americanos han perdido la confianza en las estrategias de seguridad y combate al crimen organizado de la 4T.

Los Congresistas y algunos gobernadores sureños han insistido en que el gobierno mexicano debe hacer mucho más para contener las actividades ilícitas de los cárteles mexicanos que afectan la salud pública y la seguridad nacional de la Unión Americana; al año mueren cien mil jóvenes por sobredosis de narcóticos, fundamentalmente fentanilo.

Ante la aparente inacción de las autoridades federales, sectores políticos y legislativos gringos han insistido en aprobar el uso de sus fuerzas armadas para arrestar en territorio mexicano a traficantes y barones de la droga, extraditarlos y juzgarlos en tribunales yanquis. Las administraciones en la Casa Blanca se han opuesto a considerar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, lo que posibilitaría la intervención militar en México de manera unilateral.

De momento, el gobierno de Joe Biden desechó la iniciativa porque, según la portavoz del demócrata, es una medida inútil que no agrega nuevas facultades para combatirlos. Ya cuentan con instrumentos legales como la Ley de Cabecillas del Narcotráfico y la Lista de Objetivos Consolidados Prioritarios, normas mediante las cuales pueden congelar bienes, prohibir la entrada de mafiosos a territorio americano e imponer sanciones pecuniarias.

Sin embargo, el secuestro y asesinato de dos ciudadanos americanos en Matamoros revivió la polémica en el ámbito político de aquel país, más aún en tiempos electorales; hay tensión por revivir una iniciativa que data de 2011 y cuya aprobación han frenado en el Congreso.

Mientras tanto, el gobierno mexicano debe hacer mucho más que una campaña publicitaria para contrarrestar las adiciones entre los jóvenes y a la que ha invitado a participar a los estadounidenses.

Ellos sabrán cómo reducen el número de adictos en el mercado de drogas más grande del mundo. Exigen, primero, que se esclarezca el móvil de la agresión, más allá de la hipótesis de la confusión con traficantes de indocumentados haitianos. Demandan de nuestras autoridades políticas públicas y estrategias de combate a los narcotraficantes, quieren resultados y detenciones, amén de sellar las fronteras para aminorar el contrabando del fentanilo. No más abrazos y más uso legítimo de la fuerza, compartir tareas de inteligencia y ver rodar la cabeza de los líderes de los carteles del Pacífico y del Jalisco Nueva Generación.

El asesinato de los americanos rememora el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, atribuido a la organización de Rafael Caro Quinteto, Ernesto Fonseca, “Don Neto”, y Miguel Félix Gallardo. Heridos en su orgullo, agentes antinarcóticos secuestraron y se llevaron a Estados Unidos al doctor Humberto Álvarez Machain -acusado de prolongar la vida de Camarena en su tortura-, y a Rubén Zuno Arce, cuñado del presidente Luis Echeverría.

Por cierto, el entonces procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, rescató a Álvarez Machain y lo trajo a México.

Recordar ese episodio es para que no se confíen en el freno a la iniciativa republicana de considerar a los narcotraficantes como terroristas, cuando los gringos quieren algo, lo consiguen aun en la ilegalidad. Cierto, en defensa de la soberanía nacional no se deben aceptar intervencionismos, pero también hay que cambiar la estrategia y combatir el crimen y las adicciones, no tanto por ellos, sino por nuestros jóvenes.