La paridad de género en México: ¿una lucha contra otros grupos vulnerables?

En México, la paridad de género ha logrado avances significativos en los últimos años. Desde la reforma constitucional de 2014, que estableció la paridad en las candidaturas a cargos de elección popular, las mujeres han aumentado considerablemente su participación política. En el Congreso de la Unión, por ejemplo, las mujeres ocupan el 48.8% de los escaños, lo que coloca a México en el quinto lugar a nivel mundial en cuanto a representación femenina en el parlamento.

Sin embargo, este avance no ha estado exento de controversias. Uno de los principales debates gira en torno a la interseccionalidad, es decir, la idea de que las desigualdades de género se intersectan con otras formas de discriminación, como la discriminación racial, étnica, sexual o por discapacidad.

Algunos grupos minoritarios, como los pueblos indígenas, la comunidad LGTTTB+, los jóvenes y las personas con discapacidad, argumentan que la paridad de género puede tener un impacto negativo en sus propias luchas por la representación política.

Por ejemplo, algunos indígenas temen que la paridad de género pueda conducir a una reducción de la representación indígena en el Congreso. De hecho, en las elecciones de 2021, el número de diputados indígenas se redujo de 15 a 12.

La comunidad LGTTTB+ también ha expresado su preocupación por la paridad de género. Si bien la ley establece que los partidos políticos deben postular al menos un 3% de candidatos de la comunidad LGTTTB+, este porcentaje aún no se ha cumplido.

Las mujeres jóvenes también se enfrentan a desafíos particulares. A pesar de que la paridad ha aumentado la participación de las mujeres en la política, las mujeres jóvenes siguen estando subrepresentadas. En el Congreso de la Unión, solo el 22% de las diputadas son menores de 40 años.

Las personas con discapacidad también están luchando por una mayor representación política. En las elecciones de 2021, solo 10 personas con discapacidad fueron electas al Congreso.

Ante estos desafíos, surge la pregunta de cómo conciliar la lucha por la paridad de género con las luchas de otros grupos minoritarios. La respuesta no es sencilla. Algunos argumentan que la paridad de género debe ser el objetivo principal, ya que es una condición necesaria para lograr la igualdad de todas las personas. Otros argumentan que la paridad no puede ser un objetivo aislado, sino que debe ir acompañada de medidas que aseguren la representación de todos los grupos en situación de vulnerabilidad.

La transversalidad o interseccionalidad se presenta como una posible solución a este dilema. La transversalidad implica incorporar la perspectiva de género en todas las políticas públicas, y viceversa. Esto significa que las políticas públicas no solo deben ser sensibles a las necesidades de las mujeres, sino también a las necesidades de otros grupos minoritarios.

La interseccionalidad, por otro lado, reconoce que las diferentes formas de discriminación se intersectan y se superponen. Esto significa que las políticas públicas deben diseñarse para abordar las necesidades específicas de las personas que experimentan múltiples formas de discriminación.

En México, todavía queda un largo camino por recorrer para lograr la igualdad de género y la representación política de todos los grupos minoritarios. La paridad de género es un paso importante en este camino, pero no es el único. Es necesario implementar medidas que aseguren la transversalidad e interseccionalidad en las políticas públicas, para que todas las personas tengan la oportunidad de participar en la vida política del país.