La diputada Elizabeth Martínez Álvarez (PAN), secretaría de Economía Social y Fomento del Corporativismo, aseguró que el país enfrenta un desafío en el fraude piramidal con criptomonedas, por lo que se requiere el fortalecimiento del marco jurídico para sancionar estos delitos con mayor severidad.
Asimismo, promover campañas de educación financiera que alerten a la ciudadanía sobre los riesgos vinculados a las asociaciones, las inversiones fraudulentas y fomento a un seguro responsable de las criptomonedas y una colaboración más estrecha entre instituciones públicas, el sector financiero, las plataformas tecnológicas y la sociedad civil.
“En las estafas piramidales en criptomonedas que particularmente ha proliferado alarmantemente este tipo de fraudes, no solo despojan a las víctimas de sus ahorros, sino que también afectan la credibilidad de las herramientas tecnológicas que podrían ser grandes aliadas para el desarrollo financiero del país”, aseguró al inaugurar el Foro Internacional Jurídico Penal “Fraude Piramidal: Criptomonedas”.
Martínez Álvarez señaló que el fraude en México es uno de los delitos de más incidencia, ya que cada día se registran hasta 15 mil casos de este delito en diversas modalidades, afectando a miles de familias y la estabilidad de la economía.
Refirió que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el último año cerca del 56 por ciento de los hogares mexicanos no tienen acceso a servicios financieros formales, lo que los hace especialmente vulnerables a este tipo de esquemas fraudulentos.
Asimismo, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), más del 40 por ciento de la población mexicana vive en condiciones de pobreza, lo que aumenta la susceptibilidad ante ofertas que prometen ganancias rápidas y sin riesgos.
Destacó que desde la Fiscalía General de la República (FGR) se han intensificado los esfuerzos para investigar y sancionar estos delitos.
“La regulación no debe verse como un obstáculo a la innovación, sino como una herramienta para garantizar la legitimidad y la confiabilidad. Hoy más que nunca debemos comprometernos a proteger a las personas más vulnerables de nuestra sociedad y a genera condiciones que favorezcan el desarrollo económico, justo y sostenible”.
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