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Privacidad Bancaria ante el SAT

Privacidad Bancaria ante el SAT

Columnas jueves 12 de mayo de 2022 -

En sesión de ayer -11 de mayo-, la Primera Sala de la SCJN resolvió -por mayoría de 4 votos contra 1- el amparo en revisión 470/2021, interpuesto -entre otros actos- contra el contenido del artículo 142, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito, que permite a las autoridades hacendarias solicitar información de cuentas bancarias para fines fiscales, sin mediar autorización judicial.

Las críticas en periódicos, medios de comunicación y redes sociales no se hicieron esperar, pues pareciera que la sentencia eliminó el secreto bancario oponible a las autoridades hacendarias, autorizándoles a abrir estados de cuenta sin que una autoridad judicial esté enterada.

El artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, que establece la obligación de las instituciones financieras de mantener como confidencial la información relativa a operaciones y servicios de esa naturaleza -secreto bancario-, establece 2 excepciones: i. Prevista en el párrafo segundo, y se presenta cuando dentro de un juicio la persona titular de la cuenta tiene el carácter de parte o acusada. En este caso, el secreto bancario solamente puede levantarse a petición de un tribunal, por ejemplo civil o penal, a fin de que la institución de crédito dé a conocer información financiera relevante para el juicio respectivo; y, ii. La encontramos en el párrafo tercero, y se refiere a un conjunto de hipótesis en las que puede levantarse el secreto bancario sin intervención judicial, por ejemplo, cuando se persiguen delitos.

Como podemos observar, lo primero que ha quedado despejado es que la Corte no decidió eliminar la intervención judicial para levantar el secreto bancario frente a las autoridades hacendarias, sencillamente porque esa participación nunca ha sido exigida por el Congreso de la Unión en la ley. Por el contrario, desde 1990 el artículo 117 de la ley vigente en la época, confería facultades fiscales para solicitar a instituciones financieras información de las personas contribuyentes, solo que dicho texto no estaba estructurado en fracciones. Dicha facultad fue ratificada en el propio artículo 117, pero vigente en 2005, al cual se le incorporaron fracciones con diferentes supuestos, quedando inserta la fracción IV, que establecía que el secreto bancario no era oponible a la información solicitada por las autoridades hacendarias. Con la reforma de 2014 las fracciones del articulo 117 de la citada ley, se trasladan al precepto 142, sin que la fracción IV sufriera modificación sustantiva alguna.

Entonces ¿qué fue lo que resolvió la Primera Sala? Lo que la Corte hizo fue revisar la constitucionalidad de la excepción al secreto bancario establecida por el legislativo -artículo 142, fracción IV- a favor de las autoridades hacendarias, de manera que siguiendo el criterio sostenido en la contradicción 147/2021 -resuelta por la propia Sala el pasado 9 de febrero de este año- determinó que el derecho a la privacidad –artículo 16 constitucional- no es absoluto, por lo que a partir de un test de proporcionalidad concluyó que pedir información financiera de los contribuyentes es constitucional, pues busca verificar el cumplimiento del pago de contribuciones, así como detectar y sancionar conductas como la defraudación fiscal, el lavado de dinero, el terrorismo o la delincuencia organizada, de ahí que la excepción deba mantenerse sin intervención judicial alguna.


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/CR

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