Sinaloa, ¿Gobierno cártel?

Columnas miércoles 06 de mayo de 2026 -

Reza la sabiduría popular que, “lo que mal empieza, mal acaba” y la “narcoelección” de 2021 en la que ganó Rubén Rocha Moya, la gubernatura de Sinaloa, hoy se convirtió en su lápida política. El originario de Badiraguato está en la mira del gobierno de Estados Unidos que pretende juzgarlo por sus nexos con el Cártel de Sinaloa.

Mario Zamora, ex candidato del PRI al gobierno de Sinaloa, denunció, en 2021, que la competencia no fue sólo contra un candidato, sino contra el Cártel de Sinaloa. La noche del 6 de junio declaró: “La democracia fue secuestrada” y tuvo que enviar un mensaje al crimen organizado pidiendo con humildad que regresaran a sus compañeros: “Ya se acabó la elección, ya se obtuvo el resultado que se estaba buscando, regrésenlos por favor”.

Hoy, un grueso expediente contra el morenista Rocha Moya, y otros nueve funcionarios de su gobierno, respalda el caso judicial abierto desde 2023 en el Distrito Sur de Nueva York en contra de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, líderes de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa e hijos del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El problema central no es únicamente la figura del gobernador, sino el contexto en el que surgen estas acusaciones. Sinaloa ha sido durante décadas un epicentro del narcotráfico, con estructuras criminales profundamente arraigadas en la vida económica y social, donde los ciudadanos han pagado una factura muy alta.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Coparmex Sinaloa, desde que “Los Chapitos y “Los Mayos” comenzaron aenfrentarse han asesinado a 3,180 personas en dicho estado. El informe revela que entre el 9 septiembre del 2024 y este lunes 4 de mayo, 3,686 hombres y mujeres fueron víctimas de secuestro o privación ilegal de la libertad. Además, se reportó el robo de 10,881 vehículos en el mismo lapso de tiempo, muchos de los cuales fueron utilizados por los grupos delictivos durante los enfrentamientos entre “Mayos” y “Chapitos”.

También, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, para el mes de abril, reveló que Culiacán, capital de Sinaloa, registra una percepción de inseguridad del 84.4%; mientras que en Mazatlán es del 79.5%. Coparmex reportó la pérdida de 20 mil empleos formales, el estado atraviesa una situación crítica de desempleo.

Así las cosas, más allá de la veracidad o el alcance jurídico de las acusaciones de Estados Unidos, el impacto político y social es innegable: la sospecha sobre los vínculos de los gobiernos morenistas con el narcotráfico se instaló, erosiona la legitimidad y reabre viejas heridas en un estado históricamente marcado por la violencia.

¿Qué tan dispuesto está el sistema político mexicano a enfrentarlas con seriedad? En esa respuesta se juega no solo el futuro de un gobernador, sino la credibilidad de todo un régimen.

@guillegomora