Transparencia amenazada, otra vez

En primer lugar, a nivel nacional donde no puede pasar desapercibido que al concluir marzo dejarán su encargo Patricia Kurczyn Villalobos y Joel Salas Suárez como comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) e iniciará el proceso de nombramiento de quienes ocuparán esas vacantes.

El Senado convocará a los aspirantes, los evaluará y nombrará a los nuevos comisionados, aunque el Presidente de la República podrá objetarlos.

Asimismo, Francisco Javier Acuña Llamas dejará en abril la presidencia del Inai, pero continuará como comisionado. Recientemente dijo que buscará que el Senado designe a las personas más idóneas para ocupar las dos vacantes.

Pese a los innegables avances normativos e institucionales en las últimas dos décadas, es también cierto que aún no hay garantías para que en la designación, tanto de las vacantes como de la presidencia del Inai, no se impongan los intereses de los partidos políticos, y de manera más enfática los del partido del Presidente y de la amplia mayoría en el Congreso. Ahí hay un gran pendiente: que las designaciones en todos los organismos autónomos, y no solo los de transparencia, no caigan en el juego de las cuotas partidistas.

La segunda y tercera alertas recaen en lo local, donde los Ejecutivos de Tabasco y Chiapas han presionado a los comisionados de los institutos de transparencia de esas entidades para renunciar “voluntariamente” a sus cargos y dejar libre el campo para que, junto con los congresos locales, designar a nuevos comisionados, cuya autonomía estará en completa duda.

Con la reforma constitucional de 2014 y la promulgación de las leyes generales de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en 2015) y de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (en 2017) se dotó de una mayor protección a los institutos nacional y locales como garantes de los dos derechos de acceso a la información pública y de la protección de datos.

Sin embargo, esas reformas resultaron insuficientes para blindar a los institutos de toda suerte de presiones desde el Ejecutivo, el Legislativo y de los partidos (tanto federales como locales) para mermar sus autonomías.

En Tabasco renunció en febrero “por motivos personales” quien era presidente del instituto de transparencia local, Manuel Argáez de los Santos, quien fue muy activo en la garantía de esos derechos a nivel local y en el Sistema Nacional de Transparencia (SNT).

En Chiapas se ha operado también para que sus tres comisionados (dos mujeres y un hombre) renuncien, sin lograrlo. Ante esa negativa, la ocurrencia de cuatro diputadas locales de diferentes partidos (Mover a Chiapas, PRI, PVEM y Morena) ha sido presentar una iniciativa de una nueva ley de transparencia cuya única novedad es cambiarle de nombre al instituto y agregarle que también lo es para la protección de datos personales. La argumentación es irrisoria, pues ignora que la Constitución y las leyes generales ya lo dotaban de esa facultad.

De consumarse esa reforma, será un golpe a la autonomía de otro instituto que ha dado serias batallas en lo local (incluso negándole el presupuesto suficiente para pagar lo elemental de su operación) y en el SNT por la transparencia.

Son tres alertas que nos dicen que la batalla por el derecho humano a la información no está ganada, sino que enfrenta serias amenazas desde los Poderes que deberían someterse a la rendición de cuentas sin reservas.

Especialista en transparencia y protección de datos.

@torresalex