Esta semana en el campus Santa Fe de la Universidad Iberoamericana, tiene lugar el X Congreso de Derecho Procesal Constitucional, cuya edición está dedicada a un tema relevante para el constitucionalismo actual, la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México.
El Congreso es coordinado por los doctores Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Giovanni Figueroa Mejía y Ricardo Ortega Soriano, quienes junto con 9 instituciones académicas nacionales y extranjeras, nos han convocado a reflexionar durante 3 días sobre la importancia que tiene instaurar seguros de conversión de la desigualdad que sufren distintos grupos vulnerables en México.
Pero ¿por qué importan los DESCA? De la mano de las ideas de Ferrajoli, Zagrebelsky y Canfora, observamos que la actual etapa constitucional está caracterizada por una consistencia líquida -echando mano de la ya clásica idea de Bauman-, la más líquida desde la consolidación del Estado de Derecho.
Los profesores nos han alertado sobre el desmoronamiento de la soberanía popular, que tiene en crisis al modelo constitucional construído razonablemente hasta al menos una década atrás. Presenciamos la esterilización de las bases sociales y la imposición de poderes económicos y financieros que, de la mano del poder público, están imponiendo agenda a costa de las nececidades, intereses y derechos de las personas.
Los sistemas jurídicos y estructuras del Estado están cada vez más alieandos al cumplimiento de los fines de las grandes corporaciones económicas, dañando la dignidad de la ciudadanía y la garantía de sus derechos, especialmente de aquellos que, como identifican los profesores Holmes y Sunstein, representan un costo financiero importante para el Estado: los DESCA.
¿Cuál debe ser la posición de los operadores jurídicos frente a aquellas personas que, por su condición vulnerable, exigen una especial atención para la tutela de sus DESCA? Enfrentar las discriminaciones, muchas veces interseccionales, que vienen producidas desde el mismo sistema normativo o de la inacción pública, y que lejos de reconocer y resolver los factores de desigualdad de aquellos grupos que presentan condiciones de mayor vulnerabilidad y marginación, los ignoran y fomentan.
Echando mano de las ideas de Amartya Sen, los DESCA no deben ser comprendidos como insumos inertes encerrados en una caja –la Constitución-, ya que las sociedades son organismos vivos y dinámicos que evolucionan constantemente con el tiempo, esos cambios solamente pueden ser favorables para asegurar una vida digna, cuando el Estado se anticipa a ellos, o al menos los sigue de cerca y enfoca sus recursos a las necesidades renovadas cada cierto tiempo.
Los DESCA exigen la toma de decisiones colectivas teniendo en cuenta no solo el ámbito financiero presupuestario puro y duro, sino especialmente, el desarrollo de una evaluación de la calidad de vida, lo cual se logra cuando se pone en el centro de las políticas públicas a derechos como la salud, la esperanza de vida, la educación, la alfabetización, el acceso al agua potable y a la vivienda, entre otros.
Los DESCA deben ser interpretados en clave de una justicia basada en los seguros de conversión de la desigualdad con unos lentes que miren hacia las necesidades y bienes indispensables, pues estos son los recursos mínimos que cada persona necesita para obtener sus logros y desenvolver sus capacidades, esa es la ruta y hacia allá debemos transitar, cada cual desde su espacio.