Pretender desaparecer al INE, retroceso histórico y un atentado a la voluntad popular

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM

En la antesala de la elección presidencial –y en un intento por recuperar la agenda política para utilizarla como elemento distractor ante los problemas generados por la inseguridad y la crisis económica–, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena pretenden revivir la discusión de la reforma electoral, a pesar de que no cuentan con los votos necesarios para aprobar reformas a la Constitución en esta materia.

Con el Parlamento Abierto sobre Reforma Electoral pretenden poner en el centro de la discusión la propuesta enviada al Congreso de la Unión por el Ejecutivo Federal, que plantea la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE), sin tomar en cuenta las 49 iniciativas presentadas sobre el tema. Al respecto, la coalición legislativa Va por México anunció que realizará sus propios foros en la materia.

Lo que esconde verdaderamente esta estrategia es deslegitimizar al INE, institución a la que han sentenciado a muerte, a pesar de que el propio Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) ha señalado que está entre los organismos en los que más confía la ciudadanía (59.6 por ciento, solamente por debajo del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional), por lo que las descalificaciones contra los consejeros subirán de tono para tratar de acallar también las críticas y denuncias por la creciente corrupción en el gobierno.

La mayoría de los actores políticos y académicos coinciden en que no es necesaria la reforma electoral y que, en el pasado, este tipo de propuestas llegaban al legislativo después de la elección presidencial a fin de disponer del tiempo suficiente para realizar los ajustes al entramado institucional.

Ellos han advertido que la propuesta para desparecer al INE busca concentrar el poder y crear instancias que no serían garantes de la certeza y la justicia electoral que requiere la democracia en el país. Aseguran que –hasta ahora–, los organismos administrativos y jurisdiccionales en materia electoral, al momento de defender el voto de los mexicanos han actuado con profesionalismo.

Incluso mencionan como un error que el propuesto Instituto Nacional de Elecciones y Consultas vaya a asumir las competencias que tienen los órganos electorales estatales y municipales, que también serían eliminados de aprobarse esta reforma.

En ese sentido, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello en varias ocasiones ha reiterado que no es necesaria la reforma electoral, pero en caso de que decidan continuar el proceso no se deben permitir retrocesos y debe ser producto de diagnósticos adecuados “sin caprichos ni rencores, sin filias ni fobias”.

En el periódico Excélsior, Ivonne Melgar hizo un análisis detallado de la embestida al INE y recalcó que la razón política de fondo es herir de muerte al árbitro y a los jueces del juego electoral hacia 2024. En tanto, en el diario español El País, Yuri Beltrán señaló que no hay un diagnóstico compartido sobre los problemas que debe resolver la reforma, pero el oficialismo y la oposición están más apuntados a ganar el debate en la opinión pública, que en modificar sustancialmente el sistema electoral en su conjunto.

Información de Paula Sofía Vásquez en el periódico estadunidense The Washington Post, explica que si se aprueba la reforma constitucional, iríamos a las elecciones presidenciales de 2024 con una nueva legislación y nuevas autoridades electorales nacionales, propuestas por el Ejecutivo Federal, el Congreso federal y el Poder Judicial, con afinidades claras con Morena, que serán electas por el voto popular.

En opinión del académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Marcos del Rosario Rodríguez, el cargo de consejero electoral "sí debe ser ocupado por alguien que cumpla con un determinado perfil técnico, no sólo obtener la simpatía de la gente".

Otro de los aspectos que ha llamado la atención, es la propuesta para eliminar el financiamiento a partidos, bajo el pretexto de abaratar el costo de la democracia, pues hay quienes opinan que se correrían más riesgos que beneficios, ya que se daría entrada a recursos provenientes de actividades delictivas, empresariales o de otros intereses, como ya ha sucedido en algunas elecciones y de las que no ha estado exento Morena.

Para Porfirio Muñoz Ledo la propuesta de reforma electoral es una provocación política del presidente López Obrador. “Un mandatario no puede poner los intereses del gobierno por encima de las instituciones. Una cosa es el gobierno y otra el Estado. El INE es una institución de Estado, no de gobierno”. Ciertamente, al veterano ideólogo político le asiste la razón.

No le demos más vueltas: ante la mayoría de los mexicanos ha quedado demostrada la gran capacidad del instituto para organizar comicios y la confianza que los ciudadanos depositan en él. Y en este contexto hago mía la premisa del historiador Javier Garcíadiego –profesor de El Colegio de México y exintegrante de la Junta de Gobierno de la UNAM–, en el sentido de que el INE es parte clave del régimen democrático del país y que su desaparición sería un retroceso histórico y un atentado a la voluntad popular.

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM