Equívocos de juzgadores (I de II)

Regularmente, cuando juez o magistrado falla, es cambiado de adscripción y en ocasiones premiado con ascenso, como sucedió con el juez (ahora magistrado) que violó el artículo 19 de la Constitución, Eduardo Torres Carrillo, al no resolver la situación jurídica del detenido en 72 horas.

También está el caso de la magistrada, Lilia Mónica López Benítez, recién electa integrante del consejo de la judicatura, quien pudiera incurrir en conflicto de interés por intervenir en asuntos en los que ella tiene marcada tendencia como revela su historial de mensajes en Twitter “@LMonicaLopezB”.

Si un árbitro en el futbol mexicano dijera públicamente que su favorito es el América y participara en actividades promocionales a favor de este equipo, en país de libertades, que debe significarse por el respeto a la libertad de expresión, estaría en todo su derecho de hacerlo, nada más que aficionados, directivos y equipos adversarios de las águilas dudarían de la imparcialidad del silbante.

En el sistema de justicia mexicano, por muchos años, los juzgadores rarísima vez hacían declaraciones públicas, para evitar malos entendidos o el riesgo de caer en conflicto de interés.

¿Se imaginan al presidente del INE diciendo que es partidario del PAN, del PRI o de Morena?

Nadie creería en su imparcialidad.

Lo mismo sucedería con el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación si públicamente se pronunciara a favor de alguno de los partidos.

En el supuesto de que el juzgador fuera antifeminista o machista, entraría en conflicto de interés si resolviera asuntos en los que estuvieran involucradas personas de la diversidad de género. Tendría que abstenerse de participar en el proceso.

Igual sería si fuera feminista. Activista y participante de marchas, como la magistrada y consejera Lilia Mónica López Benítez. Obvia la tendencia en lo que difunde en sus mensajes en redes sociales.

Habría que revisar resoluciones en las que participó como magistrada en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México, por el bien de la justicia.

Lo grave es que ahora es integrante del Consejo de la Judicatura Federal (a donde llegó después de tres rondas de votación en la Corte). Como consejera, ella misma examinaría sus propias resoluciones. Sería juez y parte. Además, para cuidar su actuación, quien era su secretario de acuerdos, Enrique Velázquez Martínez, hace las funciones de magistrado en dicho tribunal. Lógico que no haría nada que fuera en contra de lo que hizo su jefa.

Y en un tercer caso, la magistrada Graciela Guadalupe Rodríguez Escobar, del Primer Tribunal Colegiado de Apelación, decidió cerrar proceso penal cuando todavía estaba pendiente la instancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los tres juzgadores no recibieron ni la más mínima llamada de atención por sus equívocos, que dañan a gente de carne y hueso.

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