Observación electoral como Derecho

A unos días de la jornada electoral más grande de nuestra historia, refiero uno más: el relativo a observar los procesos electorales. En efecto, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone en su artículo 8, numeral 2, que es derecho exclusivo de la ciudadanía mexicana participar como observadoras/es de los actos de preparación y desarrollo de los procesos electorales federales y locales, así como en las consultas populares y demás formas de participación ciudadana.

No estamos ante una franquicia menor. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo ha reconocido en su tesis de jurisprudencia 25/2011, en la que determinó que el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía procede para controvertir la vulneración de los derechos de las y los ciudadanos que participen como observadores acreditados en los comicios pues con ello se garantiza su ejercicio y se asegura que los actos de la autoridad electoral se ajusten al principio de legalidad.

Para el proceso electoral de junio de 2021, se recibieron 31,226 solicitudes.

De ellas, el mayor número correspondió al Estado de México con 3,619, seguido por Chiapas con 2,709; Ciudad de México con 2,467 y Veracruz con 2,077. 15,993 (51.2%) fueron presentadas por mujeres y 15,233 por hombres (48.8%). El 89.3% fueron ingresadas individualmente y el 10.7% restante a través de las organizaciones. La mayor participación fue de las personas que tienen entre 21 y 25 años con 18.1%; seguida por las de 26 a 30 con 14.3%; y las de 31 a 35 con 11.5%.

Como se puede ver, se trata de una prerrogativa completamente ciudadanizada, cuyo ejercicio y garantía, a cargo del INE, es tomada en sus manos por mexicanas y mexicanos con verdadero compromiso y lealtad democrática cada elección, y que reviste a nuestra democracia de un acompañamiento y legitimidad social que pocos regímenes políticos tienen hoy en día.

Se trata de una característica tradicional y particular de nuestro sistema electoral que lo distingue de los demás y le imparte una especial conformación. Es, además, un derecho correlativo, complementario o precedente, cuando menos de los derechos a la información pública, al gobierno abierto, a recibir cuentas, a la buena administración, a la verdad y, claro, a la integridad electoral.

En entrega posterior le informaré sobre los números para esta elección 2024.

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