TORTURA

Hoy vengo a proponer que nos unamos para erradicar los actos de tortura cometidos por servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con el Registro Nacional del Delito de Tortura, de la Fiscalía General de la República, en la Ciudad de México se abrieron 2 mil 20 expedientes de tortura y tratos crueles entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2023, lo que representa el 20.7% del total de expedientes abiertos a nivel nacional.

En tanto, del 2021 al 2024, la Comisión de Derechos Humanos capitalina emitió 12 instrumentos recomendatorios por actos de tortura cometidos por servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México.

Fueron 12 recomendaciones que incluyeron más de 100 víctimas.

Más de 100 personas que sufrieron actos de violencia para que las autoridades obtuvieran algún tipo de declaración o información.

Más de 100 personas a las que las autoridades del Gobierno les infligió dolor y daño físico o psicológico.

Más de 100 personas torturadas en los últimos cuatro años.

Sin duda, estos números son lamentables, tristes y lo peor… silenciosos.

Silenciosos porque se cometen en los centros de detención de la Policía capitalina, de la Fiscalía, en los reclusorios, en los centros de reinserción social.

No son cometidos a la vista de la gente, sino a la vista siempre de más autoridades, de másfuncionarios que deciden ser tapaderas y cómplices de actos tan aberrantes como el torturar.

Los años pasan en la Ciudad de México, los gobiernos son los mismos desde el nacimiento del Distrito Federal y así como nada cambia, los actos de tortura tampoco desaparecen.

Los servidores públicos torturadores no le tienen miedo a la ley, pues además de la impunidad, saben que las penas son cortas y pueden librar la prisión. Por eso es necesario y urgente que se eleven las penas a estos servidores públicos que manchan el nombre de las instituciones de seguridad.

Se requiere medidas que busquen disminuir o acabar con el uso excesivo de la fuerza o con instrumentos que conlleven la tortura a las personas que se encuentran en los centros de detención.

En este contexto, presente una iniciativa en el Congreso de la CDMX que propone pasar del actual castigo que comprende de tres a doce años de prisión a quien cometa estos actos crueles, a un castigo más severo, que iría de cinco a veinte años de prisión.

Es momento de hacer las cosas diferentes, es momento que los grupos y asociaciones parlamentarias muestren el compromiso que tienen para erradicar estos actos inhumanos como una forma ilegal de investigación.

También es necesario que todas esas víctimas de tortura sean inscritas en la Coordinación de Registro de Víctimas.

Los derechos humanos no se debaten, ni se discuten, se respetan. Por eso es que también haría un llamado al Gobierno capitalino para que todas aquellas recomendaciones emitidas en un futuro por violaciones a derechos humanos se acepten de manera automática.

En este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha señalado que el derecho de toda persona a no ser torturada tiene el carácter de absoluto.

Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que la prohibición absoluta de la tortura está contenida en diversos instrumentos internacionales suscritos por México.